Tráfico de influencias: Delito y penas según el Código Penal

El tráfico de influencias es un delito tipificado en el Código Penal que consiste en influir en un funcionario o autoridad para obtener un beneficio económico injusto. Tanto los funcionarios como los particulares pueden cometer este delito, y las penas pueden incluir prisión, multas y prohibición de contratar con el sector público. Además, las personas jurídicas también pueden ser sancionadas. En este artículo, analizaremos las características del delito, las diferencias entre la influencia sobre autoridad pública y particular, el ofrecimiento de influencias y las implicaciones legales para las personas jurídicas. Si necesitas asesoramiento legal, contacta con Jiménez y Lozano Abogados, expertos en derecho penal.

El tráfico de influencias en España es un delito que se encuentra regulado en los artículos 428 a 430 del Código Penal, dentro del Título XIX, Capítulo VI, dedicado a los delitos contra la administración pública y asi mismo, la Ley Orgánica 9/1991, de 22 de marzo, por la que se modifican los artículos 367, 368 y 390 del Código Penal y se introduce en él un nuevo capítulo acerca del tráfico de influencias.

El tipo básico se encuentra en el artículo 428:

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

art 428 cp

Definición de tráfico de influencias según el Código Penal

Delimitación del delito de tráfico de influencias

El tráfico de influencias es un delito contemplado en el Código Penal que consiste en influir en un funcionario o autoridad para obtener un beneficio económico mediante una resolución injusta. Este acto ilícito implica el abuso de la posición de poder y la manipulación de decisiones, vulnerando así los principios de transparencia y equidad en la administración pública.

Categorías de sanciones en el Código Penal

En el Código Penal se establecen distintas categorías de sanciones para quienes cometan el delito de tráfico de influencias. Estas penas pueden incluir la privación de libertad, multas económicas y la prohibición de contratar con el sector público. Es importante destacar que las penas se aplicarán en su mitad superior si se ha obtenido el beneficio deseado.

La gravedad de las sanciones dependerá de factores como la influencia ejercida, el perjuicio causado, la reiteración del delito y la participación de personas jurídicas en la comisión de este acto ilegal.

En JIMENEZ Y LOZANO ABOGADOS somos especialistas en derecho penal y podemos ofrecerte el asesoramiento legal necesario para enfrentar situaciones relacionadas con el tráfico de influencias. No dudes en contactarnos para brindarte la ayuda que necesitas.

Características fundamentales del delito de tráfico de influencias

Elementos constitutivos del delito

El delito de tráfico de influencias se compone de varios elementos que deben estar presentes para su configuración. Estos elementos incluyen:

• La existencia de un funcionario o autoridad pública que tenga la capacidad de tomar decisiones o emitir resoluciones.
• La influencia ejercida por una persona para obtener un beneficio económico.
• La obtención del beneficio económico a través de una resolución injusta.

Diferencias con otros delitos relacionados

Aunque el tráfico de influencias puede presentar similitudes con otros delitos, es importante destacar algunas diferencias clave:

• Corrupción: A diferencia de la corrupción, en el tráfico de influencias no se requiere necesariamente la entrega de un beneficio económico directo al funcionario. La influencia ejercida puede ser suficiente para obtenerlo.
• Soborno: A diferencia del soborno, en el tráfico de influencias no se realiza un ofrecimiento directo de dinero o bienes materiales al funcionario. La influencia se basa en el uso de la posición o relación existente entre las partes.
• Cohecho: A diferencia del cohecho, en el tráfico de influencias no se trata de obtener un favor o servicio a cambio de un beneficio económico, sino de influir en la toma de decisiones del funcionario para obtener un beneficio.

Es fundamental tener en cuenta estas diferencias para comprender la complejidad y especificidades del delito de tráfico de influencias, así como las implicaciones legales que puede conllevar.

Comparativa entre la influencia sobre autoridad o funcionario público y la cometida por particular

Comparativa entre la influencia sobre autoridad o funcionario público y la cometida por particular

La ley establece una distinción legal clara entre la influencia ejercida sobre autoridad o funcionario público y la influencia cometida por un particular. En el primer caso, se refiere a aquellos individuos que ocupan cargos públicos y tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a la administración pública y a los ciudadanos. Por otro lado, la influencia por parte de un particular se da cuando una persona intenta influenciar a un funcionario para obtener algún beneficio personal.

Consecuencias legales en función del tipo de influencia

Las consecuencias legales varían dependiendo del tipo de influencia ejercida. En el caso de la influencia sobre autoridad o funcionario público, las penas suelen ser más severas debido a la posición de poder y responsabilidad que ostentan. La ley busca preservar la imparcialidad y la integridad del sistema público y castiga con mayor contundencia la corrupción en este ámbito.

Por otro lado, la influencia cometida por un particular también está tipificada como delito y puede acarrear penas de prisión, multas y prohibición de contratar con el sector público. Aunque las sanciones pueden ser menos severas que en el caso de influir sobre autoridades, el delito de tráfico de influencias por parte de particulares también atenta contra la equidad y la transparencia en la toma de decisiones.

Las penas por cometer tráfico de influencias varían según la gravedad del delito y si se obtuvo o no el beneficio perseguido. Generalmente, incluyen:

• Prisión: De seis meses a dos años.
• Multa: Del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido.
• Inhabilitación Especial: Para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio. En casos donde el delito lo cometa un funcionario público, esta pena se impone adicionalmente.
• Consecuencias para Personas Jurídicas: Pueden incluir multas, disolución de la entidad, suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o para contratar con el sector público.

Este delito socava la integridad y la transparencia de las instituciones públicas y privadas, siendo fundamental su comprensión y persecución para mantener la equidad y la justicia en la administración pública

Análisis del ofrecimiento de influencias

El ofrecimiento de influencias es una de las acciones clave en el tráfico de influencias. A continuación, se detallan los diferentes modos en los que este tipo de ofrecimientos pueden llevarse a cabo, así como las implicaciones legales tanto para el oferente como para el receptor de la influencia.

Modos de ofrecimiento de influencias

• Ofrecimiento expreso: Esta modalidad implica una clara manifestación del oferente hacia el destinatario, indicando de forma directa la posibilidad de ejercer influencia para obtener un beneficio económico injusto.
• Ofrecimiento implícito: En este caso, el oferente no realiza una manifestación directa, pero a través de insinuaciones, sugerencias u otras formas indirectas, deja entrever su capacidad de influir en una autoridad o funcionario público con el propósito de obtener un beneficio.
• Ofrecimiento encubierto: Este modo implica realizar el ofrecimiento de manera velada, utilizando intermediarios o terceras personas para transmitir la propuesta de influencia sin que quede evidencia directa del acto.

Implicaciones legales para el oferente y receptor de la influencia

El acto de ofrecer influencias ilícitas conlleva importantes implicaciones legales tanto para el oferente como para el receptor. A continuación, se exponen algunas de las repercusiones jurídicas que pueden surgir:

Para el oferente:

• Responsabilidad penal: El oferente puede enfrentarse a acusaciones y cargos por tráfico de influencias, lo que puede derivar en penas de prisión, multas y otras sanciones establecidas en el Código Penal.
• Prohibición de contratar con el sector público: Como consecuencia del delito, el oferente puede ser inhabilitado para realizar contratos o transacciones con entidades del sector público.
• Pérdida de reputación: El oferente también puede enfrentar consecuencias reputacionales negativas, afectando su credibilidad y confianza en el ámbito profesional.

Para el receptor:

• Responsabilidad penal: Al aceptar el ofrecimiento de influencias ilícitas, el receptor también puede incurrir en delito de tráfico de influencias, siendo penalizado con sanciones como prisión, multas y prohibición de contratar con el sector público.
• Deterioro de la imagen pública: La participación en actos de tráfico de influencias puede socavar la reputación del receptor, generando desconfianza en su capacidad de ejercer su cargo de manera ética y justa.
• Daño a la institución: La implicación de funcionarios o autoridades públicas en el tráfico de influencias puede afectar la credibilidad de la institución a la que pertenecen, debilitando la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Responsabilidad jurídica de personas jurídicas en casos de tráfico de influencias

Sanciones aplicables a personas jurídicas

En casos de tráfico de influencias, las personas jurídicas también pueden ser consideradas responsables de este delito. El Código Penal contempla diversas sanciones que pueden ser impuestas a estas entidades.

Entre las sanciones aplicables se encuentran multas económicas, las cuales pueden alcanzar cuantías significativas dependiendo de la gravedad del delito y del beneficio económico obtenido. Además de las multas, las personas jurídicas pueden ser sometidas a otras medidas como la prohibición de contratar con el sector público o la disolución de la entidad.

Asesoramiento legal para enfrentar situaciones de tráfico de influencias

Ante una situación relacionada con tráfico de influencias, es fundamental contar con un adecuado asesoramiento legal para enfrentar las posibles implicaciones jurídicas. En JIMENEZ Y LOZANO ABOGADOS, expertos en derecho penal, ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento para brindar el apoyo necesario.

Nuestro equipo de abogados especializados en casos de tráfico de influencias está preparado para analizar detenidamente cada situación, ofreciendo las mejores estrategias legales para proteger los intereses de nuestros clientes. Nos encargamos de estudiar las pruebas, elaborar la defensa más sólida y representar a las personas jurídicas en los procesos legales correspondientes.

Si te encuentras involucrado en un caso de tráfico de influencias, no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de proporcionarte el asesoramiento legal necesario y acompañarte en todo el proceso judicial.